EL78 | Construir a exige un una verdadera defensa europea exige una reforma en profundidad de los Tratados

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La amenaza que el imperialismo ruso representa para la seguridad europea obliga a los europeos a afrontar la cuestión de la necesidad de dotarse de una defensa común, de ser capaces de protegerse a sí mismos.
La Carta Europea quiere contribuir a este debate explicando que una verdadera defensa europea no es creíble si no se producen esas cesiones de soberanía a nivel europeo que doten a la Unión de su verdadera autonomía de gobierno, no sólo liberándose de los vetos y chantajes de los Estados miembros, sino también creando las condiciones para expresar un auténtico interés general europeo.

Esta Carta Europea se ha enviado a los diputados y eurodiputados de los siguientes Parlamentos: Parlamento Europeo, italiano, francés, alemán, austriaco, español, belga, neerlandés, griego y rumano.


La invasión rusa de Ucrania ha barrido la ilusión alimentada durante más de treinta años por los gobiernos europeos y las opiniones públicas nacionales de que la guerra para el viejo continente era sólo un triste recuerdo del pasado o un problema que concernía a otras partes del mundo. Hoy, en cambio, la seguridad de Europa está gravemente amenazada.

Dos años después de la invasión rusa de Ucrania, el balance del conflicto es desgraciadamente muy incierto. A pesar de los grandes esfuerzos, la resistencia ucraniana parece tambalearse, mientras que Rusia, reforzada por los suministros militares y la ayuda de las autocracias aliadas, en particular Irán y China, podría conseguir cambiar las tornas de la guerra a su favor. La perspectiva de una derrota pone en entredicho a las democracias occidentales que han apoyado a Kiev hasta ahora, y en particular a la Unión Europea, cuya estabilidad y seguridad dependen directamente de los resultados del conflicto ruso-ucraniano.

El proyecto de Putin para la restauración del imperio ruso no sólo implica la desestabilización de Ucrania y la anexión de gran parte de su territorio. Otras regiones donde residen importantes minorías rusoparlantes ya están en el punto de mira del Kremlin, en particular la provincia moldava de Transnistria y, sobre todo, Estonia, Estado miembro de la OTAN y de la UE. Ahora está claro que una política de apaciguamiento llevaría a Rusia a reclamar aún más territorio, con la consiguiente desestabilización total de Europa y sus instituciones comunes. El momento oportuno que espera el Kremlin para provocar una escalada en este sentido podría llegar tan pronto como dentro de unos meses con el posible regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, favorito en las encuestas y que ya ha manifestado su reticencia a comprometerse a garantizar la seguridad de los europeos.

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A la luz de la posible escalada de los acontecimientos, es una suerte que por fin se haya iniciado un debate sobre la creación de una defensa común en la opinión pública, entre las cancillerías nacionales y en el seno de las instituciones europeas: parece existir una percepción creciente de que Europa debe ser capaz de protegerse a sí misma sin depender tanto de Estados Unidos y superando la dimensión exclusivamente nacional de la defensa, que dificulta la movilización de recursos suficientes para la creación de una fuerza de disuasión creíble frente a los enemigos exteriores, empezando por Rusia. Sin embargo, sigue habiendo mucha confusión sobre lo que significa crear una defensa común europea y las formas de construirla.

En el debate en curso, varias voces proponen establecer una "unión de defensa" dentro de los tratados existentes. En general, las propuestas implican el desarrollo de una capacidad militar inicial de la Unión basada en algunas bases jurídicas existentes, como la abstención constructiva del art. 31.1 TUE para las decisiones relativas a la política exterior y de seguridad común, los artículos 46.1 y 46.2 TUE sobre cooperación estructurada permanente en materia de defensa, o mediante acuerdos separados entre algunos gobiernos.

Por desgracia, se trata de soluciones que ya se han intentado sin éxito en el pasado, pues se basan en el modelo de "Europa a la carta": grupos de Estados miembros emprenden acciones coordinadas de carácter esencialmente intergubernamental con un barniz de "legitimidad europea", que sólo es posible gracias a la convergencia temporal de intereses y lógicas nacionales distintos. Además, no se trata de acciones o instrumentos verdaderamente europeos, sino nacionales, que requieren necesariamente la aprobación de los Parlamentos de los Estados miembros y dependen casi totalmente de los recursos puestos a disposición por cada uno de ellos.

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Uno de los principales obstáculos para la creación de una verdadera defensa europea es, de hecho, de naturaleza política y se refiere a la dificultad prácticamente insuperable de desarrollar una visión europea común de los objetivos de política exterior partiendo del intento de armonizar 27 intereses nacionales a menudo divergentes (tanto intereses políticos como geoestratégicos y económicos). De hecho, los diversos intentos de proceder con este método en el pasado nunca han tenido especial éxito (piénsese en las misiones militares de la UE en el Mar Rojo y el Sahel o, más recientemente, en la introducción de la PESCO para financiar proyectos comunes en el ámbito de la defensa), ni ninguna de estas medidas ha servido de "trampolín" para construir una verdadera defensa europea, porque a todas ellas les faltaba el requisito previo esencial, a saber, la creación de una política exterior de la Unión que refleje la voluntad común madurada en el seno de sus instituciones, en particular el Parlamento y el Consejo. Hay que añadir que, si nunca han funcionado en el pasado, hoy en día estas soluciones son totalmente inadecuadas dada la situación actual porque -debido al modelo y a los supuestos en los que se basan- ya no son viables ante el riesgo de una guerra en territorio europeo contra una potencia nuclear.

Por lo tanto, si se quiere tomar en serio la defensa europea, no hay atajos: es necesario apoyar aquellas cesiones de soberanía a nivel europeo que permitan a la Unión disponer de una verdadera autonomía política propia, no sólo librándose de los vetos y chantajes de los Estados miembros, sino también creando las condiciones para expresar un auténtico interés europeo, común por ser general. Es lo que ocurrió cuando se decidió establecer realmente la unión monetaria (superando el Sistema Monetario Europeo y creando el Sistema Europeo de Bancos Centrales) o, más recientemente, cuando la UE creó su primer instrumento de política fiscal con el Fondo de Recuperación (gestionado por la Comisión con deuda obtenida en los mercados por ésta en nombre de la Unión). Todo lo demás, desde el refuerzo de la cooperación militar hasta los acuerdos intergubernamentales, no contribuye a crear una defensa europea, sino a lo sumo a maximizar la fuerza y la resistencia de las defensas nacionales mediante instrumentos de cooperación de dimensión intergubernamental.

No se niega aquí que, dada la urgencia, es bueno empezar a hacer algunas cosas con las normas existentes. Por ello, la aceleración en la creación de una industria europea de defensa es bienvenida (también gracias a la introducción de un Comisario con esta tarea en la próxima legislatura) para poner en marcha inmediatamente el reparto de recursos y el know-how necesario para el rearme de Europa. Sin embargo, la condición necesaria para crear una defensa europea sigue siendo, ahora más que nunca, una reforma del marco institucional de la Unión.

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Esta reforma es ahora posible, e incluso rápidamente, ya que se darían las condiciones para realizarla y hacerla operativa de aquí a finales de 2025. Gracias a la labor de los federalistas de la sociedad civil y de las instituciones de la UE, el 22 de noviembre del año pasado el Parlamento Europeo activó el procedimiento de revisión del Tratado para reformar la Unión sobre la base de un ambicioso proyecto destinado a desarrollar una verdadera política exterior europea e iniciar la integración militar. Las reformas institucionales solicitadas por el Parlamento incluyen, en particular, la ampliación del voto por mayoría en el Consejo en materia de política exterior y de seguridad y, sobre todo, la participación del Parlamento Europeo en los procesos de toma de decisiones en estos ámbitos. Esta es la dirección correcta para crear una política exterior europea seguida de una unión militar dotada de recursos creíbles (gracias también al desarrollo de una indispensable capacidad fiscal de la Unión).

Sin embargo, lo que Europa no necesita para su defensa son atajos y falsas soluciones: creer que la Unión puede dotarse de su propia defensa obviando el quid de la cuestión, que implica transferencias esenciales de soberanía del nivel nacional al europeo, facultando a las instituciones de la UE y dándoles capacidad de decisión. Creer y hacer creer que, en definitiva, este paso no es tan indispensable, o que puede darse por sí mismo en un momento posterior, proporcionaría una excusa más a aquellas fuerzas conservadoras a nivel nacional, e incluso dentro de la Unión, que no quieren cambiar el statu quo del poder en Europa y pretenden enterrar el proyecto de reforma valientemente avanzado por el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre.

Ante la urgencia de avanzar hacia una verdadera defensa europea, el Consejo Europeo debería evitar las soluciones de marioneta y convocar, tal y como ha solicitado el Parlamento, una Convención para redactar una reforma de los Tratados de la UE ya en 2025. Esta decisión tendría un enorme impacto político, mostrando al mundo entero y, en particular, a los enemigos de Europa que la Unión avanza hacia una unificación sustancial y que por fin ha empezado a ocuparse de su propia seguridad. Esta perspectiva serviría como elemento disuasorio mucho más poderoso que el aumento del gasto militar nacional o la creación de falsas uniones de defensa basadas en la participación voluntaria de los Estados miembros.


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La Carta Europea se publica en 7 idiomas bajo los auspicios de la Fundación Europea Luciano Bolis en cooperación con la Unión de Federalistas Europeos. Esta actividad está cofinanciada por la Unión Europea en el marco de la subvención CERV 2023-Project 101140644.

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